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TOLEMAIDA
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Lo que hemos conocido preliminarmente de las explicaciones que entregará este lunes el comandante del Ejército desde Tolemaida es que el Ejército admite que alguno de esos hechos ocurrieron pero argumenta que ya fueron corregidos.
Sobre los militares que continúan recibiendo sueldo pese a estar condenados. El ejercito argumentará que el sistema legal para darlos de baja es complejo y por eso todavía no los ha desvinculado.
Lo anterior debibo a que una vez más el centro de reclusión ubicado dentro del Fuerte Miliar de Tolemaida está en el Ojo del Huracán por los supuestos y excéntricos privilegios que les habrían otorgado a la mayoría de los 269 oficiales, suboficiales y soldados que pagan sus penas por por homicidios, masacres, torturas y secuestro.
La revista Semana publicó hoy en primera página un extenso reportaje con los detalles de cómo cada uno de los que se encontraban en la prisión tuvo autorización para construir una cabaña a su antojo, e instalar internet y Televisión Satelital.
Según el reportaje, los detenidos de Tolemaida controlaban los negocios más lucrativos dentro de la base, los restaurantes, almacenes y una flota de autobuses y taxis que transportaban a por toda Tolemaida a los trabajadores y visitantes de la base.
Además denuncia semana que militares condenados a más de 40 años de prisión por delitos graves continúan activos en el Ejército recibiendo sus sueldos con normalidad.

Posiblemente, los más grave de lo revelado por Semana son los testimonios de varios de los detenidos que aseguran que esos privilegios fueron patrociandos por los ex comandantes del Ejército, generales, Óscar Gonzales y Mario Montoya Uribe, hoy embajador en republica Dominicana.
Según los testigos, con esos beneficios buscan comprar su silencio para que no se conozca la verdad de graves hechos del conflicto colombiano en los que resultarían salpicados coroneles y generales.







ORITO-PUTUMAYO
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En las últimas horas se presentó un atentado contra el Oleoducto Trasandino (OTA) en el kilómetro ocho, en la vereda Silvania, municipio de Orito, Putumayo, el cual originó un derrame de crudo y un incendio que afectaron la quebrada Yarumito.
Una vez conocido el hecho, Ecopetrol activó el plan de contingencia con el despliegue de equipos y técnicos al sitio para controlar la situación y se procedió suspender el bombeo de crudo en la Planta Orito y en la batería Churuyaco que inyecta crudo al OTA. Así mismo, se cerraron las válvulas en la llegada del Oleoducto en Planta Guamues.
Ecopetrol hace un llamado especial a las comunidades del sector para que se abstengan de consumir agua de este afluente e informen cualquier anormalidad que se presente derivadas de las consecuencias del atentado.
Por su parte el Ejército responsabilizó a la guerrilla de las Farc del hecho.






NOCAIMA-CUNDINAMARCA
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Más de un centenar de casas destechadas y varias edificaciones averiadas dejó un vendaval en el municipio de Nocaima Cundinamarca.
El fuerte vendaval que se registró la noche del viernes, alrededor de las 8 de la noche, dejó como saldo cinco heridos que están siento atendidos en diferentes centros asistenciales.
Blanca Liliana Amaya, directora de Planeación del municipio, agregó que el alcantarillado colapsó por lo que varias viviendas se inundaron.
Manifestó que el vendaval afectó seriamente la zona rural del municipio, y que debido a la caída de varios postes de luz, la población actualmente está sin servicio de energía.







SANTIAGO DE CALI
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A un momento de ira y no actuando en sus cabales, se declaró el hombre que degolló a una mujer al interior de un bus del Sistema Transporte Masivo MIO en la mañana del sábado.
Durante la audiencia de legalización de captura, en donde el Juez de Control de Garantías le dictó medida de aseguramiento en la cárcel de Villarmosa, en Cali, Hernando Lucumí Ávila, de 55 años, no se allanó a los cargos de homicidio agravado de Rubiela Díaz Pantoja, de 36 años, quien murió degollada luego de sostener una discusión al interior del bus, cuando transitaba por el nororiente de Cali.
El hombre, supervisor de calderas en un ingenio azucarero ubicado en el municipio de Palmira, se entregó en la noche del sábado a la Unidad de Reacción Inmediata del CTI en Palmira,







SANTA FE DE BOGOTA
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El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, aseguró que se requiere de un incremento de penas y sanciones de hasta por cinco años, para que no ingresen a los estadios quienes protagonizan disturbios en los distintos centros deportivos.
Esta declaración se produjo ante los graves hechos registrados este fin de semana por hinchas inconformes con el marcador del partido de segunda división entre Atlético Bucaramanga y Fortaleza, que protagonizaron disturbios a las afueras del estadio Alfonso López de la capital santandereana, así como los desórdenes presentados en Tulúa tras el clásico América-Cali y en Medellín con el partido Nacional-DIM.
El general León explicó que sólo durante este domingo fueron designados seis mil 162 policías, dedicados a prestar seguridad para los partidos de la jornada de fútbol en el país.
“Estos hechos son reprochables desde todo punto de vista, son realizados por una minoría desadaptada que confunde la pasión y el sentimiento por una camiseta de un equipo de fútbol y que termina en convertirse en fanatismo que ha conducido a cometer lesiones, homicidios de hinchas contrarios, que ya es un vandalismo profesional”, puntualizó el oficial.







MEDELLIN
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De acuerdo con los informes preliminares y la versión del conductor que transportaba a las personas muertas, una de las mujeres asesinadas estaba embarazada.
Al parecer, las víctimas solicitaron un servicio de taxi y minutos después de haber abordado el vehículo, fueron abordadas por personas que se transportaban en motocicletas que impactaron su humanidad en varias ocasiones.
El general Yesid Vásquez, Comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, explicó a RCN Radio que los hechos sucedieron faltando 10 minutos para las 7 de la noche en el barrio Santander al norte de la capital Antioqueña.
Según las autoridades los dos hombres asesinados hacían parte de una banda delincuencial “El Pecado” que funcionaba en el mismo barrio. Esta organización criminal al parecer se adhirió a otra que se llama la “Banda Bulevar” por este motivo se tomó podrían haberse presentado las agresiones. Según el oficial esta banda se abría desarticulado de algunos combos que maneja alias “Valenciano” y se abría pasado a los combos de alias “Sebastian” en la capital paisa.







MEDELLIN
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Las víctimas de esta masacre fueron identificadas como Esteban Andrés Peña Pastrana, de 20 años de edad; su hermana Andrea Peña Pastrana de 24 años; Jonathan Enrique Álvarez de 27 y conocido con el alias de “Coco”; Jennifer Catalina Urrego Valencia de 19 años y una menor de 17 años.
Según informó el General Yesid Vásquez, una de la víctimas, Esteban Andrés Peña Pastrana, en un hecho anterior, habría resultado herido en una de sus piernas con arma de fuego y en el hecho habría muerto un menor de 17 años, hecho que ya tiene decisiones tomadas por parte de la Fiscalía y podría ser el motivo de las retaliaciones de esta masacre entre combos residenciales que funcionan en Medellín.
Frente al aumento de los niveles de violencia en Medellín Vásquez explicó que ésta es una situación histórica de violencia entre combos, que en ocasiones se incrementan como en el ultimo mes que se reflejan en este hecho, por lo que a la institución “sólo le queda seguir actuando para desarmar a todas estas bandas y hacer presencia en toda la ciudad”.
De otro lado, el coordinador de Derechos Humanos de la Comuna Seis, Carlos Arcila, confirmó que los ocupantes del vehículo de servicio público fueron atacados a balazos por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.
El líder comunitario indicó, que al parecer una patrulla de la policía que acudió inmediatamente al lugar del ataque, se enfrentó con los delincuentes quienes lograron escapar y son buscados por las autoridades.
Dos de las víctimas fueron identificadas como, Esteban Andrés Peña Pastrana, de 20 años de edad y Jhonatán Alvarez, pero se desconocen quienes fueron los autores y los móviles del hecho registrado en la carrera 76 con calle 112.
La Mesa de Derechos Humanos, cuyos integrantes están amenazados de muerte, había lanzado una alerta por la presencia de varios combos en las comunas cinco, seis y siete por la confrontación entre varios combos responsables de numerosos homicidios y del desplazamiento forzado de familias de esa zona de la ciudad.
En esos sectores de Medellín han muerto muchos jóvenes por cruzar las llamadas barreras invisibles y allí, la Secretaría de Educación Municipal desde el año pasado se vio obligada a brindar protección a los estudiantes para desplazarse a los planteles educativos.




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