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Aprobada en el Congreso reforma al Fuero Penal Militar.
La iniciativa del Gobierno busca brindar estabilidad jurídica a los
militares que se vean envueltos en delitos durante el servicio.
En los últimos días el texto aprobado recibió una gran cantidad de
críticas de varias ONG y organismos internacionales de derechos humanos
como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
Se hizo una lista cerrada de delitos que comprometen los derechos humanos lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento forzado.
Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario no enunciadas en esa lista serán de conocimiento de la Justicia Penal Militar. También se crea un Tribunal de Garantías que vigile y preste asesoría a los militares involucrados en delitos durante el servicio y que estén siendo procesados penalmente y que solo entrará en vigencia cuando esté lista la ley estatutaria que reglamente la reforma constitucional.
Además, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Justicia Penal Militar, contará con un año para identificar todos los procesos que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública, y trasladar a la Justicia Penal Militar aquellos donde no se cumplan los supuestos para la competencia de la jurisdicción ordinaria. Así mismo, se podrá verificar si algún proceso específico que cursa en la Justicia Penal Militar podría ser de competencia de la Justicia Ordinaria.
Habrá una comisión técnica que viajara al lugar donde se haya cometido el ilícito, con el fin de recabar pruebas para determinar si el caso debe ir a una instancia u otra, es decir dirimir conflictos de competencia, entre la justicia ordinaria y la penal militar.
Se fortalece el fuero carcelario que plantea condiciones especiales de reclusión para miembros de la fuerza pública es decir que no podrán estar en la misma celda o patio con delincuentes condenados y en ese sentido tendrán que tener penales exclusivos o ser recluidos en guarniciones militares vigiladas para que no se presenten escándalos como el de ‘Tolemaida resort’.
También se creará la defensoría técnica, adscrita al ministerio defensa para que todos los miembros de la fuerza pública tengan un abogado pago por el estado para su defensa ante la justicia penal militar u ordinaria según corresponda.
Se hizo una lista cerrada de delitos que comprometen los derechos humanos lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento forzado.
Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario no enunciadas en esa lista serán de conocimiento de la Justicia Penal Militar. También se crea un Tribunal de Garantías que vigile y preste asesoría a los militares involucrados en delitos durante el servicio y que estén siendo procesados penalmente y que solo entrará en vigencia cuando esté lista la ley estatutaria que reglamente la reforma constitucional.
Además, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Justicia Penal Militar, contará con un año para identificar todos los procesos que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública, y trasladar a la Justicia Penal Militar aquellos donde no se cumplan los supuestos para la competencia de la jurisdicción ordinaria. Así mismo, se podrá verificar si algún proceso específico que cursa en la Justicia Penal Militar podría ser de competencia de la Justicia Ordinaria.
Habrá una comisión técnica que viajara al lugar donde se haya cometido el ilícito, con el fin de recabar pruebas para determinar si el caso debe ir a una instancia u otra, es decir dirimir conflictos de competencia, entre la justicia ordinaria y la penal militar.
Se fortalece el fuero carcelario que plantea condiciones especiales de reclusión para miembros de la fuerza pública es decir que no podrán estar en la misma celda o patio con delincuentes condenados y en ese sentido tendrán que tener penales exclusivos o ser recluidos en guarniciones militares vigiladas para que no se presenten escándalos como el de ‘Tolemaida resort’.
También se creará la defensoría técnica, adscrita al ministerio defensa para que todos los miembros de la fuerza pública tengan un abogado pago por el estado para su defensa ante la justicia penal militar u ordinaria según corresponda.
SANTA FE DE BOGOTA
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Imputarán cargos a 16 empresarios y exfuncionarios del Incoder por robo de tierras
Tendrán que responder ante la Fiscalía por cinco delitos dentro de uno
de los escándalos más grandes por robo de tierras en el país.
El Noticiero Regional,
conoció en exclusiva que hoy miércoles la Fiscalía
General de la Nación imputará a 16 personas entre los cuales hay
exfuncionarios del Incoder y empresarios particulares, los delitos de
falsedad en documento público, fraude procesal, peculado por apropiación
a favor de terceros, prevaricato por acción y cohecho, dentro de la
investigación que se adelanta por lo que podría ser uno de los
escándalos más grandes relacionados con el robo de tierras en varios
departamentos del país.
La investigación se desprende de una denuncia que fue recibida hace un mes por Mario Montes Giraldo, jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción, quien fue designado junto con un grupo elite de fiscales e investigadores judiciales, por el fiscal general de la Nación Eduardo Montealegre.
De acuerdo con la información que se logró establecer, este grupo elite se encuentra en el Departamento de Antioquia donde operan a tiempo corrido.
Los primeros resultados de esta investigación demostrarían que los exfuncionarios del Incoder implicados recibían supuestamente grandes sumas de dinero para adjudicar tierras baldías, que serían propiedad del Gobierno, a personas que no cumplían una serie de requisitos.
De igual manera, se estableció que las personas a las que se les adjudicaban los predios por medio de falsos documentos, presuntamente demostraban que eran personas de bajos recursos y que cumplían con los requisitos para recibir estos terrenos, algunos incluso de varias hectáreas.
La investigación se desprende de una denuncia que fue recibida hace un mes por Mario Montes Giraldo, jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción, quien fue designado junto con un grupo elite de fiscales e investigadores judiciales, por el fiscal general de la Nación Eduardo Montealegre.
De acuerdo con la información que se logró establecer, este grupo elite se encuentra en el Departamento de Antioquia donde operan a tiempo corrido.
Los primeros resultados de esta investigación demostrarían que los exfuncionarios del Incoder implicados recibían supuestamente grandes sumas de dinero para adjudicar tierras baldías, que serían propiedad del Gobierno, a personas que no cumplían una serie de requisitos.
De igual manera, se estableció que las personas a las que se les adjudicaban los predios por medio de falsos documentos, presuntamente demostraban que eran personas de bajos recursos y que cumplían con los requisitos para recibir estos terrenos, algunos incluso de varias hectáreas.
El Noticiero Regional,
además logró comprobar que, para cumplir con las
especificaciones para recibir este beneficio, además sería necesario
demostrar que las tierras adjudicadas serían destinadas para trabajos
relacionados con la agricultura y la ganadería por más de cinco años,
condiciones que en ninguno de los casos supuestamente fraudulentos se
cumplieron.
Dentro de las pruebas que tiene el ente acusador para demostrar la presunta responsabilidad de estas 16 personas en los hechos mencionados, se encuentran declaraciones de renta, en algunos casos por más de 4.000 millones de pesos, así como fotografías, evidencias video graficas, y testimonios que aseguran que los actuales dueños de estos terrenos construyeron lujosos chales, penthouse, condominios y haciendas de recreación personal.
La Fiscalía espera que con los prontos resultados, las tierras puedan ser recuperadas y que el Gobierno las adjudique a personas que realmente cumplan las condiciones.
Las personas sindicadas son:
1- Idalia Amparo González, exdirectora territorial del Incoder, Antioquia
2- Gerardo de Jesús Gil Ochoa, exdirector territorial del Incoder, Antioquia
3- Andrés Felipe Álvarez Grajales, exdirector territorial del Incoder, Antioquia
4- John Jairo Giraldo Buitrago, exdirector territorial del Incoder, Antioquia
5- Elkin Emilio Tabares, exdirector territorial del Incoder, Antioquia y coordinador técnico del grupo técnico
6- Hilda Ester Contreras Lagares, contratista del Incoder, asesora de predios y sustanciadora
7- Darlin López Hernández, Contratista Incoder, topógrafo y analista
8- Conrado Augusto Caro, asesor jurídico
9- Julieta Aguirre Flórez, peticionaria, empleada y empresaria
10- Julio Ernesto Cantillo Jiménez, peticionario y medico
11- Doris Amparo Peña Restrepo, peticionaria y empleada
12- Fabio Alberto Velásquez Bermúdez, Empresario
13- Diana María González Angulo, contratista del Incoder, verificadora de predios y peritazgos
14- Hernán Arciniegas Espitia, profesional universitario y sustanciador
15- José Miguel Osorio Ruiz, analista técnico operativo del G15
16- Marcela Orrego Valencia, asesora.
Dentro de las pruebas que tiene el ente acusador para demostrar la presunta responsabilidad de estas 16 personas en los hechos mencionados, se encuentran declaraciones de renta, en algunos casos por más de 4.000 millones de pesos, así como fotografías, evidencias video graficas, y testimonios que aseguran que los actuales dueños de estos terrenos construyeron lujosos chales, penthouse, condominios y haciendas de recreación personal.
La Fiscalía espera que con los prontos resultados, las tierras puedan ser recuperadas y que el Gobierno las adjudique a personas que realmente cumplan las condiciones.
Las personas sindicadas son:
1- Idalia Amparo González, exdirectora territorial del Incoder, Antioquia
2- Gerardo de Jesús Gil Ochoa, exdirector territorial del Incoder, Antioquia
3- Andrés Felipe Álvarez Grajales, exdirector territorial del Incoder, Antioquia
4- John Jairo Giraldo Buitrago, exdirector territorial del Incoder, Antioquia
5- Elkin Emilio Tabares, exdirector territorial del Incoder, Antioquia y coordinador técnico del grupo técnico
6- Hilda Ester Contreras Lagares, contratista del Incoder, asesora de predios y sustanciadora
7- Darlin López Hernández, Contratista Incoder, topógrafo y analista
8- Conrado Augusto Caro, asesor jurídico
9- Julieta Aguirre Flórez, peticionaria, empleada y empresaria
10- Julio Ernesto Cantillo Jiménez, peticionario y medico
11- Doris Amparo Peña Restrepo, peticionaria y empleada
12- Fabio Alberto Velásquez Bermúdez, Empresario
13- Diana María González Angulo, contratista del Incoder, verificadora de predios y peritazgos
14- Hernán Arciniegas Espitia, profesional universitario y sustanciador
15- José Miguel Osorio Ruiz, analista técnico operativo del G15
16- Marcela Orrego Valencia, asesora.
MEDELLIN
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Once rutas de buses en Medellín seguirán en paro.
La Asociación de Transportes Colectivo del Valle de Aburrá,
Asotransva, rechazó la forma violenta como fue disuelta la marcha
pacífica que realizaron el lunes.
Conductores y propietarios de once rutas del transporte público de
Medellín decidieron no levantar el paro que realizaron el lunes 10 de
diciembre 20 rutas, para pedir que el alcalde Anibal Gaviria los
recibiera para dialogar con ellos.
Entre las rutas que anunciaron la continuación de cese de actividades figuran las de Villahermosa, La Sierra y algunas de Robledo.
Ellos aseguran que la Alcaldía está acabando con el gremio.
La parálisis en el transporte público se evidenció en la zona oriental y en los sectores de Aures y Villaflora.
La Asociación de Transportes Colectivo del Valle de Aburrá, Asotransva, rechazó la forma violenta como fue disuelta la marcha pacífica que realizaron el lunes y que según denunciaron, dejó trece personas lesionadas, tres de ellas de consideración.
Asotransva denunció además que las lesiones obedecieron a la agresión de la fuerza pública y que por esta razón y la negativa del alcalde de Medellín Gaviria Correa para recibirlos a dialogar, es que se mantendrán en el cese de actividades en algunos sectores de la ciudad.
Entre las rutas que anunciaron la continuación de cese de actividades figuran las de Villahermosa, La Sierra y algunas de Robledo.
Ellos aseguran que la Alcaldía está acabando con el gremio.
La parálisis en el transporte público se evidenció en la zona oriental y en los sectores de Aures y Villaflora.
La Asociación de Transportes Colectivo del Valle de Aburrá, Asotransva, rechazó la forma violenta como fue disuelta la marcha pacífica que realizaron el lunes y que según denunciaron, dejó trece personas lesionadas, tres de ellas de consideración.
Asotransva denunció además que las lesiones obedecieron a la agresión de la fuerza pública y que por esta razón y la negativa del alcalde de Medellín Gaviria Correa para recibirlos a dialogar, es que se mantendrán en el cese de actividades en algunos sectores de la ciudad.
SANTA FE DE BOGOTA
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Ajuste del salario mínimo del 3,5% ofrecido por empresarios es miserable, afirma Angelino Garzón
El vicepresidente dijo que de acuerdo con la propuesta de los empresarios, el salario mínimo subiría 18 mil pesos mensuales, o sea 600 pesos diarios, lo cual, dijo, es incremento miserable.
Angelino Garzón advirtió que frente a la propuesta de los empleadores, a los colombianos les iría mejor pidiendo limosna en una calle de cualquier ciudad del territorio nacional.
Como lo informo oportunamente el Noticiero Regional, los gremios empresariales presentaron a la comisión de concertación salarial una propuesta unificada de reajuste del mínimo del 3,5 por ciento, teniendo en cuenta los informes del DANE y del Banco de la República sobre la inflación.
Al efecto, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y presidente del Consejo Gremial, Rafael Mejía, dijo que antes de hacer formalmente la propuesta se tuvieron en cuenta las cifras con la inflación de menos 0,14 por ciento de noviembre; el acumulado del año del 2,34 por ciento; la inflación proyectada del Dane para el 2013 del 2.77 por ciento, y el dato de productividad del 0,71 por ciento, da una sumatoria del 3.5 por ciento anual.
A su turno, el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez, señalo que la oferta empresarial “es una cifra “respetable, pero absolutamente inaceptable”.
Agregó que “ un 3.5 por ciento, teniendo en cuenta la inflación va estar en el 3 o en el 3.2 por ciento, que la productividad acordada del 0,71 por ciento y el aporte del factor trabajo al Producto Interno Bruto de 2 puntos, mínimamente los empresarios debieron hacer una propuesta del 6 por ciento que es lo que manda la norma”.
El vicepresidente de la República Angelino Garzón rechazó hoy el reajuste
del 3,5 por ciento ofrecido por los gremios empresariales para el
salario mínimo y lo calificó de “miserable”.
El pronunciamiento lo hizo Garzón en un acto público cumplido esta mañana en Corferias.El vicepresidente dijo que de acuerdo con la propuesta de los empresarios, el salario mínimo subiría 18 mil pesos mensuales, o sea 600 pesos diarios, lo cual, dijo, es incremento miserable.
Angelino Garzón advirtió que frente a la propuesta de los empleadores, a los colombianos les iría mejor pidiendo limosna en una calle de cualquier ciudad del territorio nacional.
Como lo informo oportunamente el Noticiero Regional, los gremios empresariales presentaron a la comisión de concertación salarial una propuesta unificada de reajuste del mínimo del 3,5 por ciento, teniendo en cuenta los informes del DANE y del Banco de la República sobre la inflación.
Al efecto, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y presidente del Consejo Gremial, Rafael Mejía, dijo que antes de hacer formalmente la propuesta se tuvieron en cuenta las cifras con la inflación de menos 0,14 por ciento de noviembre; el acumulado del año del 2,34 por ciento; la inflación proyectada del Dane para el 2013 del 2.77 por ciento, y el dato de productividad del 0,71 por ciento, da una sumatoria del 3.5 por ciento anual.
A su turno, el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez, señalo que la oferta empresarial “es una cifra “respetable, pero absolutamente inaceptable”.
Agregó que “ un 3.5 por ciento, teniendo en cuenta la inflación va estar en el 3 o en el 3.2 por ciento, que la productividad acordada del 0,71 por ciento y el aporte del factor trabajo al Producto Interno Bruto de 2 puntos, mínimamente los empresarios debieron hacer una propuesta del 6 por ciento que es lo que manda la norma”.
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